Análisis: la disputa por la acreditación de las facultades de derecho, y lo que significa para ti

Varios estados y el gobierno federal cuestionan el papel de la ABA como acreditador de las facultades de derecho. De dónde viene la disputa, qué papel juega el debate sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI), qué dice cada lado y qué cambia para un abogado formado en el extranjero.

23 de octubre de 2026 · Editado por Humphrey J. Pachecker, NAFA–UNPAM

Durante más de setenta años, una sola entidad ha decidido qué facultades de derecho de Estados Unidos cumplen los estándares para formar abogados: el Consejo de la Sección de Educación Jurídica y Admisión al Bar de la American Bar Association (ABA). Casi todos los estados piden haberse graduado en una de esas facultades para presentar el examen del Bar, y el gobierno federal reconoce al Consejo como el acreditador del título de derecho. Desde 2025, ese sistema está bajo una presión sin precedentes: varios estados han dejado de depender solo de la ABA, y la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Educación la cuestionan al mismo tiempo.

En este análisis reunimos lo que pasó, con sus fuentes; la historia que explica por qué el conflicto no es nuevo; el papel del debate sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI), y los argumentos de cada lado. NAFA no toma partido. Lo que nos interesa es cómo te afecta si eres un abogado formado fuera de Estados Unidos.

Por qué te importa

Puede parecer un pleito entre instituciones estadounidenses, pero toca de cerca a quien llega con un título extranjero. Muchas de las reglas que te abren una puerta dependen de una frase: «una facultad aprobada por la ABA». Nueva York, por ejemplo, pide que el LL.M. que complementa tu título sea de una de esas facultades. Muchas jurisdicciones exigen un J.D. de una facultad de la ABA para admitir sin examen a un abogado que ya ejerce en otro estado. Y cuando un estado crea una licencia limitada o una vía nueva, suele usar la misma referencia.

Por eso, cuando un estado cambia quién decide qué facultades cuentan, también pueden cambiar las reglas que te aplican a ti: qué LL.M. te sirve, qué título se acepta y si una licencia obtenida en un estado se puede llevar a otro.

Los estados se mueven

Texas fue el primero. El 6 de enero de 2026, su Corte Suprema quitó la referencia a la ABA de sus reglas y empezó a aprobar ella misma las facultades. Su lista inicial incluye todas las que ya estaban aprobadas, y la Corte dijo que quiere conservar la portabilidad de los títulos entre estados. Nueve días después, la Corte Suprema de Florida decidió que, desde el 1 de octubre de 2026, también podrán presentar su examen los graduados de facultades aprobadas por otros acreditadores reconocidos por el Departamento de Educación o aprobados por la propia Corte. Por ahora, la ABA sigue siendo el único acreditador reconocido para el título de derecho.

Alabama fue más lejos. El 30 de abril, su Corte Suprema aprobó una lista propia de cinco facultades del estado, dos de ellas sin acreditación de la ABA, y desde el 1 de enero de 2027 aceptará a los graduados de facultades de otros estados cuyos egresados puedan presentar el examen allí. Para los títulos extranjeros, la misma orden abre tres caminos: estar admitido en otra jurisdicción de Estados Unidos; tener un posgrado en derecho estadounidense, como un LL.M., de una facultad que Alabama reconoce, cursado en residencia durante al menos un año académico de 30 semanas, o demostrar que la formación extranjera es sustancialmente equivalente. Antes, según el resumen de la NCBE, Alabama pedía estar admitido en otra jurisdicción, y un LL.M. por sí solo no bastaba.

El 2 de octubre, la Corte Suprema de Tennessee cambió su regla para poder aprobar otros acreditadores además de la ABA, incluidas las cortes supremas de otros estados; por ahora, la ABA sigue siendo el único aprobado. Quitó, además, el requisito de haber ejercido tres de los últimos cinco años que pedía a los graduados de facultades no aprobadas por el estado, y creó grupos de trabajo sobre otras vías a la licencia y la movilidad entre estados. Al abrir el tema, en 2025, la Corte lo había presentado como una cuestión de acceso a la justicia: bajar las barreras de entrada a la profesión y el costo de los servicios legales. Ohio propuso en mayo un camino parecido, que abriría su examen a graduados de facultades sin acreditación de la ABA y crearía una acreditación estatal, y en Iowa avanzó en comisión un proyecto de ley con el mismo fin.

Salvo Ohio e Iowa, son estados del Sur, y todos tienen gobiernos conservadores. Se mueven, además, al mismo tiempo que la administración Trump presiona a la ABA desde Washington. Sus cortes, por su parte, presentan los cambios como cuestiones de costo, de innovación y de acceso a la justicia.

La presión desde Washington

En abril de 2025, una orden ejecutiva del presidente Trump pidió al Departamento de Educación evaluar si suspende o retira al Consejo de la ABA como acreditador oficial de las facultades de derecho, por lo que llamó sus requisitos «ilegales» de diversidad, equidad e inclusión. En diciembre, la Comisión Federal de Comercio (FTC) describió la acreditación de la ABA como un monopolio que encarece la matrícula, y en abril de 2026 la FTC y el Departamento de Justicia pidieron por carta a la Corte de Tennessee reducir su dependencia de la ABA.

En agosto de 2026, el personal del Departamento de Educación recomendó negarle al Consejo el reconocimiento federal: según su informe, incumplía más de dos docenas de criterios, y citaba entre ellos su orientación sobre DEI. El comité asesor que revisa a los acreditadores no logró ponerse de acuerdo en septiembre, y la decisión final se espera de los altos funcionarios del Departamento en los próximos meses.

El 30 de septiembre, el fiscal general de Texas abrió una investigación antimonopolio. Acusa a la ABA de inflar los salarios de los profesores, excluir a facultades que desafiaban su idea de una educación jurídica «de élite», imponer requisitos costosos y exigir preferencias raciales y de género en las admisiones y las contrataciones. Son acusaciones, no hechos probados. Y el 7 de octubre, el Departamento de Justicia advirtió a la ABA que sus límites a los profesores a tiempo parcial, que según el gobierno son más baratos y suelen tener más experiencia práctica, podrían llevar a una investigación antimonopolio.

La disputa va más allá de las facultades. En 2025, el Departamento de Justicia limitó el papel de la ABA en la evaluación de los candidatos a jueces federales, y la ABA demandó al gobierno por las órdenes ejecutivas contra algunos bufetes de abogados.

El debate sobre la diversidad (DEI)

En el centro de la disputa está el estándar 206 del Consejo. Pedía a cada facultad demostrar «con acciones concretas» su compromiso con la diversidad y la inclusión: dar plenas oportunidades de estudiar derecho y de entrar a la profesión a los grupos subrepresentados, en particular a las minorías raciales y étnicas, y procurar un cuerpo de estudiantes y de profesores diverso.

Para sus críticos, después de que la Corte Suprema prohibiera en 2023 usar la raza como factor en las admisiones universitarias (en el caso Students for Fair Admissions), el estándar empujaba a las facultades hacia prácticas ilegales. En marzo de 2025, la entonces fiscal general de Estados Unidos lo calificó de inconstitucional, y la orden ejecutiva de abril lo citó directamente. La ABA suspendió su aplicación y propuso reformarlo, y el 8 de septiembre de 2026 el Consejo lo derogó. Según el Consejo, la derogación era necesaria para conservar su reconocimiento por las cortes supremas de los estados y por el Departamento de Educación.

Para sus defensores, la derogación fue un retroceso. De los 50 comentarios públicos que recibió el Consejo, 48 se oponían. El NAACP Legal Defense Fund y otras quince organizaciones de derechos civiles pidieron mantenerlo: sostuvieron que era legal, que ayuda a abrir la profesión a las personas negras, a otras minorías y a otros grupos subrepresentados, y que la ABA tiene la obligación de proteger la confianza del público en la justicia.

Incluso entre los críticos de la ABA se reconoce el peso del tema. Diane Auer Jones, exfuncionaria del Departamento de Educación, dice que la DEI fue el detonante de la ofensiva conservadora contra la ABA, pero que la meta es más amplia: un Consejo independiente de la ABA y facultades con más diversidad ideológica.

No es nuevo: la historia

La ABA adoptó sus primeros estándares para la enseñanza del derecho en 1921, y en 1952 el gobierno federal reconoció a su Consejo como acreditador del título de derecho. Desde entonces, la relación con sus críticos ha tenido varios momentos de choque.

Uno de los más citados es de 1987, cuando el Senado rechazó, por 58 votos contra 42, a Robert Bork como juez de la Corte Suprema. Los críticos de la ABA culpan en parte a la evaluación que ella hizo del candidato, y Barry Currier, exdirector de educación jurídica de la ABA, ve ahí el origen del conflicto actual.

El antecedente más parecido a lo que pasa hoy es de 1995. El Departamento de Justicia demandó entonces a la ABA por usar la acreditación para proteger los intereses económicos de los profesores: según la demanda, presionaba a las facultades para subir los salarios de su personal docente e imponía requisitos costosos con poca relación con la calidad, en un proceso dominado por los propios profesores. El acuerdo aprobado por el tribunal en 1996 le prohibió fijar salarios y negarse a acreditar a una facultad solo por tener fines de lucro, y obligó a abrir el proceso para que no lo controlaran los profesores. En 2006, la ABA reconoció haber incumplido seis disposiciones de ese acuerdo y pagó 185,000 dólares por los costos de la investigación. Tres décadas después, el fiscal general de Texas vuelve a hablar de salarios inflados.

En 2007, el Departamento de Educación examinó también los estándares de diversidad de la ABA. Hoy vuelven, juntos, los tres temas de siempre: la competencia, la diversidad y el reconocimiento federal. Cada lado lee esta historia a su manera. Para los críticos, es un patrón de excesos de un gremio que se regula a sí mismo; para los defensores, es la historia de un acreditador que corrigió sus fallas y ha garantizado durante un siglo una calidad pareja en todo el país.

Lo que dicen los críticos

Los críticos sostienen que la ABA tiene un monopolio y que sus estándares encarecen la formación de abogados. Ponen como ejemplos la preferencia por profesores a tiempo completo frente a los de tiempo parcial y las exigencias sobre bibliotecas físicas, cuando las revistas jurídicas ya son digitales. Cuestionan también la independencia del Consejo: Jones habla del «dominio» de la ABA sobre él y dice que sus esfuerzos por parecer independiente fueron «solo apariencia». Esa preocupación cruza las líneas políticas: Robert Shireman, miembro del comité asesor del Departamento de Educación, también duda de la independencia del Consejo. Y desde las propias cortes, un informe de la Conferencia de Presidentes de las Cortes Supremas de los estados pide una acreditación que favorezca la innovación y una formación más barata.

Lo que dicen los defensores

Los defensores responden que la acreditación nacional es lo que permite que un título de derecho sirva en los cincuenta estados. Patricia Salkin, vicepresidenta de asuntos académicos de Touro University y exdecana de derecho, y Gabrielle Rosenblum advierten que un sistema de reglas estatales distintas traería un «caos de la portabilidad», y lo llaman un cambio de fondo en la forma de decidir quién puede ser abogado. Recuerdan que, según la Association of American Law Schools, unas 33 facultades sin acreditación de la ABA tienen índices muy bajos de aprobación del examen del Bar, malos resultados de empleo y mucha deserción. En Texas, ocho decanos de facultades de derecho se opusieron a dejar la acreditación de la ABA cuando la Corte pidió comentarios.

La ABA, por su parte, defiende un siglo de calidad. Carla Pratt, presidenta del Consejo, dice que este se concentrará en garantizar una educación de calidad mientras reduce los costos y las cargas para las facultades, y ante la orden de Tennessee dijo que respeta la autoridad de la Corte sobre la admisión y que quiere mantener la portabilidad nacional de los títulos. El Consejo advierte, además, que pasar a varios acreditadores podría subir los costos en lugar de bajarlos, y ha tomado medidas para mostrar su independencia: en 2025 adoptó sus propios principios y reformó sus estatutos.

Tampoco hay acuerdo sobre los motivos. Currier cree que son sobre todo partidistas y culturales, aunque se presenten como un tema de competencia. Jones responde que la meta no es cerrar la ABA, sino un Consejo independiente y facultades con más diversidad ideológica.

Qué cambia para un abogado formado en el extranjero

Por ahora, poco. Las facultades de la ABA siguen valiendo en todos los estados que cambiaron sus reglas, y un LL.M. de una de ellas sigue sirviendo donde servía.

Pero hay matices que conviene conocer. En los estados que cambiaron, la regla ya no siempre dice «aprobada por la ABA», sino «aprobada por la Corte» o «por un acreditador aprobado», así que lee siempre la regla vigente de tu estado. En Florida, la regla para títulos extranjeros pide un LL.M. de «una facultad acreditada», el término que ahora se amplía: cuando la Corte apruebe otro acreditador, un LL.M. de sus facultades contará igual. Y Alabama, desde 2027, abre una vía nueva para quien tiene un LL.M. cursado en residencia en una facultad que reconoce.

El riesgo a mediano plazo es la portabilidad. Si cada estado aprueba facultades distintas, un título o un LL.M. que vale en un estado podría no valer igual en otro, y una licencia podría ser más difícil de llevar de un estado a otro. Antes de escoger un LL.M., confirma que sirve en el estado donde quieres presentarte, y fíjate si la regla pide estudios en residencia antes de inscribirte en un programa en línea. En la orientación de la membresía revisamos contigo la regla vigente de tu estado.

Ver, estado por estado, quién aprueba las facultades

Qué vigilar

Lo próximo es la decisión del Departamento de Educación sobre el reconocimiento federal del Consejo, que se espera en los próximos meses. También conviene seguir si el Departamento de Justicia abre una investigación formal y cómo avanza la del fiscal general de Texas; la regla final de Ohio; los grupos de trabajo de Tennessee sobre otras vías a la licencia y la movilidad entre estados, y cómo aprueban Texas, Florida, Alabama y Tennessee facultades nuevas. Seguiremos el tema en nuestra página sobre la acreditación de las facultades, que revisamos cada trimestre, y en el boletín de miembros.

Fuentes

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